Por Camila Corrales Morales
El Real Decreto 629/2022 del 26 de julio del corriente año, modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
Dicho Reglamento resulta esencial para comprender los derechos otorgados a las y los extranjeros residentes en el territorio español. Allí, se consagran distintos institutos legales que tienden a la regularización de la situación de los migrantes, otorgándoles la posibilidad de tramitar una autorización que les permita trabajar y, en definitiva, desenvolverse con normalidad durante su estancia en el país.
Se agregan tres importantes modificaciones. En primer lugar, se mejora la normativa para favorecer la permanencia de los estudiantes, incrementando sus posibilidades de trabajar. En segundo lugar, se actualizan las figuras de arraigo y de reagrupación familiar. Y, por último, se incluye un nuevo tipo de arraigo por formación.
Entre los fundamentos de la reforma citada, las autoridades españolas señalan que “El objetivo que se pretende con esta reforma es hacer frente de forma ágil a los crecientes desajustes del mercado de trabajo español asociados a la escasez de mano de obra desde el ámbito migratorio, así como dar respuesta a situaciones preexistentes no resueltas con la actual normativa reglamentaria, desde la plena salvaguarda de las condiciones laborales.”
Me resulta importante analizar este instrumento legal con enfoque en los derechos humanos, ya que uno de los principios jurídicos transversales en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos es el de igualdad y no discriminación. Los Estados están obligados a prestar especial atención a las situaciones que puedan generar discriminación directa e indirecta o trato desigual entre los migrantes y adoptar medidas positivas para hacer de este principio una realidad.
Según los datos ofrecidos por las Naciones Unidas, se calcula que 281 millones de personas, aproximadamente el 3,6% de la población mundial, viven en la actualidad fuera de su país de origen, y muchos de ellos emigran de forma más o menos forzada.
El nuevo régimen se presenta acorde al compromiso asumido por España -y todos los países que conforman la ONU- de proteger y promover los derechos humanos. Sin embargo, aún es necesario seguir trabajando en la normativa a favor de este colectivo, profundizando las reformas y logrando verdaderas ampliaciones de derechos.
Fuentes:
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/07/26/629/dof/spa/pdf
https://www.ohchr.org/es/migration/migrants-vulnerable-situations
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